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Recogemos el informe bienal Las personas con discapacidad en España. Informe Olivenza 2010, un extenso documento, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), cuyo objetivo es mostrar una visión global de la realidad de las personas con discapacidad en España y de contribuir a que las medidas administrativas respondan a las necesidades reales de éstas.
El período de referencia del “Informe Olivenza” (cuyo nombre debe al municipio pacense de Olivenza, lugar donde se ubica la sede del OED) es el bienio 2008-2009, aunque también se incluye datos referidos a 2010 que se han ido incorporando las novedades que se han ido produciendo mientras se estaba elaborando el informe.

Debido a su tamaño, el documento ha sido dividido en varios archivos para facilitar su descarga. Estos archivos corresponden a:

0.0. Preliminares. Cubierta, portadas, Presentación, Prólogo e Índice
 
0.1. Capitulo 1. Estimaciones cuantitativas y perfil sociodemográfico según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia.
Se describe el perfil sociodemográfico de las personas con discapacidad, basado en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008). La población con algún tipo de discapacidad está cifrada en 4.056.993 personas, esto es, el 9% de la población. De ellas, 3´8 residen en hogares y el resto en residencias. De los que viven en casa, aproximadamente dos millones cuentan con la ayuda de un cuidador, que sólo el 8% de las veces es una persona contratada, es decir, la mayoría son familiares que dedican buena parte de su tiempo a estas personas. Además, este apartado aporta otro dato significativo: el 52% de personas con discapacidad tiene dificultades para desenvolverse con normalidad en su vivienda o edificio.

0.2. Capitulo 2. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su aplicación en España.
Aborda un análisis sobre la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En relación con la adaptación de la legislación española a la Convención de Naciones Unidas, otro de los hechos destacados ha sido la aprobación, el 3 de diciembre de 2010, de la remisión a Cortes Generales del Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin salir del ámbito de los derechos, cabe recordar que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho que el resto de los ciudadanos a ejercer un trabajo que contribuya a su desarrollo personal y profesional, pero no siempre ocurre así.

0.3. Capitulo 3. El empleo de las personas con discapacidad: retos y oportunidades.
Se analizan los retos y oportunidades en materia de empleo de las personas con discapacidad. El Informe pone de manifiesto que tan sólo el 28,3% de las personas con discapacidad de entre 16 y 64 años en edad laboral en España tienen un empleo remunerado, frente al 67,2% del resto de población. También señala que más del 75% de las personas con discapacidad y más del 35% de las que no tienen ningún tipo de discapacidad, eran inactivos en 2008, año en que el 20,3% de la población con problemas físicos, psíquicos o sensoriales estaba en paro, frente al 10,6% del resto de la ciudadanía. El informe destaca que las principales causas de la mala situación laboral de las personas con discapacidad radican esencialmente en su escasa formación académica, (sólo el 16% de las personas con discapacidad de 25 o más años cuentan con el título de Bachillerato frente al 46% del resto de la población; y únicamente un 5,4% de los ciudadanos con discapacidad disponen de estudios universitarios, frente a un 18,7 de las personas sin discapacidad) en la dificultad de que las empresas decidan contratarles, y en los problemas de accesibilidad que aún encuentran en muchos lugares de trabajo.

0.4. Capitulo 4. El desarrollo y aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Aborda el desarrollo y aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD). Contiene una cronología de la evolución de la ley y el desarrollo del Sistema de Autonomía y atención a la Dependencia (SAAD). Recoge una serie de cifras que acercan a la situación actual de aplicación de la ley, que permiten conocer que a 1 de septiembre de 2010 las prestaciones de la LAPD ascendían a 734.151 y la media de prestaciones por persona beneficiaria se había elevado hasta 1,18; siendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales la mayoritaria.

0.5. Crónica. Crónica informativa 2008-2009.
Se recogen aquellas noticias del ámbito de la discapacidad que fueron actualidad en los medios de comunicación a lo largo de 2008 y 2009 -con un acercamiento a las del año 2010-. A través de esta recopilación se quieren mostrar los acuerdos adoptados por instituciones públicas y privadas a lo largo del bienio estudiado, las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, acciones desarrolladas por diversas entidades y que pueden ser valoradas como buenas prácticas, situaciones de vulneración de derechos o avances en materia sociosanitaria y nuevas propuestas accesibles de ocio y cultura.

0.6. Indicadores. Selección de indicadores sobre la situación de las personas con discapacidad en España. Indicadores correspondientes a contratación, protección económica, Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y Accesibilidad, Prevención de dependencias y Educación.

Documento completo: 200 MB

En la presentación del informe y con miras al futuro, se señaló que en 2011 se trabajará con especial atención en un real decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad; el Anteproyecto de Ley de Reforma de las Leyes de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de procedimientos de incapacitación; un proyecto de real decreto sobre las condiciones de accesibilidad y no discriminación de entornos, productos y servicios para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales ; y un proyecto de real decreto de mejora de la coordinación entre servicios sociales y servicios públicos de empleo en los procesos de inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo.

Fuente: DOWNberri

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